Como abogada panameña, la noticia de la condena penal a la procuradora Ana Matilde Gómez, no puede ocasionarme otra cosa que una gran indignación, porque más allá de defender a la persona en sí, la cual mucho aportó al Ministerio Público, con tal decisión se afecta a la Institucionalidad, la Constitucionalidad en lo referente a la cada vez más utópica separación de los tres órganos del Estado y a la Administración de Justicia panameña en general.
De acuerdo a la forma en la que se realizó todo el proceso, el fallo era lo que se esperaba, pero para aquellos que todavía tenemos como principio el de la justicia, sentíamos una vaga esperanza de que los “Honorables” magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, encontraran en este caso la oportunidad de dignificar un poco la justicia panameña. No obstante, a todas luces queda evidenciado como el poder político, concretamente el dirigido a través del Ejecutivo tiene injerencia en la Corte Suprema de Justicia, ya que de los nueve magistrados, los cinco que votaron en contra de la Procuradora Gómez, fueron aquellos designados bajo el mandato de los partidos que detentan el poder político hoy día. Por un lado, los magistrados designados bajo el mandato del partido arnulfista, quienes fueron elegidos en medio de uno de los escándalos más grandes y graves que ha sufrido la justicia panameña y por el otro, los nombrados por el presidente del partido Cambio Democrático.
Este fallo representa un retroceso en materia jurídica, ya que al emitirlo se están aplaudiendo todas las violaciones al debido proceso que se dieron en torno a este caso. Y es que más allá del hecho en sí por el que se le acusa a la procuradora y del que no voy a referirme, porque no tengo conocimiento de las pruebas que se descargaron a favor ni en contra, debo decir que desde que decidimos vivir en un país democrático, existe como presupuesto inicial estar apegados a la Ley en cuanto a los procedimientos que se siguen en torno a un proceso judicial, cualquiera que sea su naturaleza. Y desde el inicio, este proceso ha estado viciado, alejado de la Ley y se ha dirigido al son que el presidente de la república ha querido que se siga.
Así, con este proceso se ha demostrado que cuando hay intención o voluntad del mandatario de turno, en que los procedimientos judiciales avancen rápido, sin trabas ni burocracias, como suele pasar, avanzan y ocurren cosas como:
1. Se suspende del cargo a la Procuradora de la Nación de la República de Panamá, quien intentó desde su llegada limpiar el Ministerio Público; investigar a todos aquellos que fueran sujetos – objetos de denuncias penales o disciplinarias internas en la institución, con independencia de cualquier condición social, cargo político o partido (inclusive del que fue nombrada) que tuvieran; nombrar y preparar a funcionarios competentes que manejaran la investigación penal.
Sobre este particular, debo indicar mi experiencia personal cuando hice la labor social de la licenciatura en la Fiscalía 2da Anticorrupción del Ministerio Público. A mí llegada, en el 2006, meses después de que la procuradora había asumido su cargo, muchos funcionarios fueron investigados por causas disciplinarias internas, ya que en esa fiscalía habían expedientes que no se tocaban desde hacía más de un año y seguían activos aún, cuando con una breve lectura de un estudiante, se podía concluir que no habían elementos para que se constituyera un delito.
Recuerdo que la fiscal que en ese entonces dirigía dicha fiscalía era recién nombrada por la Procuradora y yo, quien apenas salía de la Universidad con ganas de coadyuvar con el sistema de justicia y con ideales muy fuertes, sin conocer cómo era la realidad, pude encontrarme con opiniones de mis compañeros funcionarios a los cuales yo les cuestionaba por qué actuaban de tal o cual manera si no era lo que se establecía en la Ley y ellos respondían muy tranquilamente que actuaban de determinada forma porque esa era la práctica que habían estado haciendo desde hacía años. Para mí, tal respuesta resultaba una total contradicción y decepción, misma que podía percibir en la fiscal a cargo de ese barco, pues considero que es una de las personas que he conocido más rectas y ceñidas a la Ley.
Meses después, cuando por razones de trabajo tuve que volver a esa fiscalía, tan sólo quedaban dos de los funcionarios que laboraban allí cuando me tocó hacer la labor social. La razón: muy simple. La procuradora tenía como visión limpiar al Ministerio Público de todos esos funcionarios que trabajan los casos con indiferencia y alejados de toda normatividad jurídica, ya que como bien me lo dijo la fiscal que fue mi jefa en ese entonces, cada expediente representa a una persona en zozobra por el estado de su caso o que inclusive pueden estar privadas de la libertad, por lo tanto no había razón para tener un expediente en la desidia, como hasta antes de dicha procuradora se tenían.
Años después, la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia de ese entonces, se ensañó con el Ministerio Público y buscó todos los medios – políticos – para denigrar la institución y para que destituyeran a la fiscal 2da anticorrupción y otros fiscales que hacían su trabajo. La razón: pese a que la procuradora fue designada por el PRD y que la magistrada a la que me refiero no duró dos segundos después de dejar su cargo para hacer público su apoyo a una de las candidatas a la presidencia de ese partido, ya tenían problemas con la procuradora y los fiscales anticorrupción, porque no actuaban conforme al partido que designó a la procuradora, sino conforme a la Ley y por tanto se buscaron los medios para evitar que en el Ministerio Público existiesen funcionarios comprometidos en las fiscalías más sensitivas como lo son las anticorrupción y otros, pues eso impediría las maniobras políticas y los archivos de expedientes a altos funcionarios del país, como había pasado hasta ese entonces.
2. El mismo día de la separación del cargo de dicha funcionaria, el presidente de la República proclama el reemplazo de la procuradora, violentando el debido proceso legal y la Constitución Política de la República de Panamá, ya que ante una falta de cualquiera de los procuradores, éstos deben designar dentro de los funcionarios del Ministerio Público a uno que funja como procurador encargado, tal como lo establece el artículo 224 de la Constitución.
3. Tras lo anterior, se despiden o se les pide la renuncia a los funcionarios que trabajan en el Ministerio Público, bajo la ética jurídica, sin importarles quién sea la persona objeto de investigación. Desde entonces, se tenía claridad de que la procuradora no iba a regresar a su cargo, por tanto había que destituir a todo aquel funcionario que trabajara, de modo que no se obstaculizaran los intereses políticos del mandatario actual.
4. Se monta todo un show en los medios de comunicación social en el cual hasta el presidente de la República, quien no tiene facultad ni competencia para opinar en los procesos judiciales, interviene.
5. Se sanciona penalmente a la procuradora Gómez con seis meses de cárcel o cuatro mil dólares que corresponden a los días multas y con la inhabilitación para ocupar cargos públicos por un período de cuatro años. Dicha sanción se ha prohijado en poco menos de un año desde que se inició la investigación, tiempo record para la duración habitual de los procesos en Panamá.
Además, cabe advertir, por si quedan dudas de que es un fallo político, que dicha investigación se inició un poco más de un mes después de que el presidente asumió su cargo como tal, ya que al señor Presidente de la República le conviene tener a un Procurador de la Nación, designado por él, para que se inicien las investigaciones que él quiera y no todas las que se requieran cuando se tenga del conocimiento de un ilícito, tal como ocurre con el escándalo del Procurador de la Administración hoy día, quien ha violentado de una forma más grave la ley, pero que sigue en su cargo.
Por todo lo anterior, no puedo sentir más que indignación y desesperanza por la justicia panameña, porque con fallos como estos pierden: la democracia, la justicia y el país en general.
En lo personal, admiro el profesionalismo y el temple de la separada procuradora de la Nación y ojalá acuda a las instancias internacionales, para que éstas reconozcan todas las violaciones que se han dado en este proceso. Pues si bien no puedo decir que estuve de acuerdo con todas sus actuaciones y opiniones, esto jamás podrá ser causa de que aplauda la violación a los derechos humanos y al debido proceso, pues eso atenta contra la institucionalidad, la democracia y la Justicia del Estado panameño.
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